La regulación jurídica de delitos informáticos contra el patrimonio en la legislación penal, en la Corte Superior de Lima Norte 2023

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Universidad Nacional Federico Villarreal

Resumen

El presente trabajo de investigación titulado “La regulación jurídica de delitos informáticos contra el patrimonio en la legislación penal, en la corte superior de lima norte 2023”. En cuanto al enfoque metodológico, nuestra investigación adopta un enfoque cuantitativo básico, es un método de investigación que utiliza herramientas de análisis matemático y estadístico para describir, explicar y predecir fenómenos mediante datos numéricos, además prueba la hipótesis y la teoría. Por último, mide los fenómenos. Para el análisis de datos, se emplean métodos analíticos, deductivos, lo que permite que puedan ser aplicados a otros ámbitos, en concordancia con los procedimientos de muestreo y las limitaciones prestablecidas. La técnica de recolección de datos utilizada fue la encuesta, con una escala de 14 preguntas aplicada, a 278 expertos en delitos informáticos, qué son la muestra, de la población de 1000.Profesionales expertos en Derecho Penal. Lo cual se obtuvo información precisa para realizar nuestro cuadro estadístico. Soy Abogado en función, tengo ya 10 años en el campo de la litigación Oral, lo que más se ha visto, el incremento de estos delitos informáticos, es con el ingreso de los delincuentes venezolanos a nuestro país, en el 2018, los delitos informáticos se han incrementado de 5% a un 70%. imagínese todos estamos expuestos al hakeo y de ser robados nuestros datos informáticos, con el desarrollo de las TIC, ha surgido un nuevo tipo de delito asociado al uso de computadoras, motores de búsqueda, sistemas telemáticos y la gestión de información, que afecta cuentas comerciales, financieras y personales. En América Latina se están implementando varias medidas al respecto. En nuestro país, se aprobó el convenio sobre ciberdelincuencia mediante la Resolución Legislativa N° 30913 el 12 de febrero de 2019, y fue ratificado por el Ejecutivo con el Decreto Supremo N° 010-2019-RE el 10 de marzo de 2019.

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Fraude informático, Derecho al patrimonio, Pérdidas materiales, Daños morales

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