El sistema de control de constitucionalidad peruano y los tratados internacionales

Abstract

La norma que se encuentra en la cúspide en nuestro ordenamiento es la Constitución Política del Perú, por lo tanto, todas las demás normas,los reglamentos, inclusive los organismos estatales,las autoridades y los funcionarios se encuentran supeditados a la carta magna, por eso ninguna ley o autoridad podrá sobreponerse a nuestra ley fundante. Nuestra constitución reconoce que todo tratado ratificado será integrado como parte del cuerpo normativo interno, pero es en este momento donde se inicia el problema, cuando se integra como parte del ordenamiento y no se realiza un control constitucional previo a su ratificación, pues esto da como resultado la contravención de la constitución y la incompatibilidad con la normativa interna. Pero lo negativo de esto es que a nuestro país se le podría generar graves consecuencias si se aplica un control constitucional represivo desconociendo los derechos e intereses de otros Estados,lo cual afecta el principio de pacta sunt servanda,lo cual trae consigo desconfianza en los demás Estados,esto genera inestabilidad normativa e inseguridad jurídica, lo cual se traduce en la desconfianza de otros estados de querer pactar con un país que incumple tratados. El problema principal se genera al determinar si el control de constitucionalidad de los Tratados internacionales celebrados por el Perú es adecuado, por eso nos dedicaremos a estudiar las posibles contravenciones a la Constitución Política del Perú y sus incompatibilidades con la normativa interna, a su vez estudiaremos las consecuencias negativas que se generan de un control constitucional represivo. Por ello el presente tiene como uno de sus objetivos determinar si el control de constitucionalidad que hace el Estado peruano respecto de los tratados internacionales celebrados por el Perú es eficaz; por lo cual determinaremos si el actual control constitucional es adecuado, si afecta el pacta sunt servanda, se genera consecuencias negativas para el país, se generan transgresiones a la Constitución e incompatibilidades con la normativa interna.