La función de la policía en el restablecimiento de la seguridad ciudadana en Lima

Abstract

La responsabilidad que lleva a cabo cada una de las personas, es la virtud axiológica más importante que al ponerla en práctica, dentro de cada sociedad, tiende a promover una responsabilidad mayor, y esta es la pública. Esta situación implica, que la responsabilidad pública requiere -entre otros-, la participación de los elementos importantes y quizás indispensables que orientan su existencia, y tienden a satisfacer las inquietudes de seguridad, de cada uno de los pobladores de nuestra resquebrajada comunidad limeña. Los pobladores de esta precitada comunidad, en su cotidiano trajinar y realización de hechos y actividades, se desenvuelven por normas y leyes previamente establecidas. La Constitución Política del Estado, señala, Artículo 166º.- “La Policía Nacional tiene la finalidad fundamental, garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras” Es la policía uniformada, quien, en representación del Estado, brinda las garantías necesarias, que consiste, la puesta en acción el aseguramiento y la debida protección, contra algún riesgo que pudiese suscitarse en contra de todas y de cada una de las personas que habitan en un determinado espacio físico de nuestra Lima -y por extensión a todo el país-, brindándole la oportunidad de afincarse en paz y armonía. Es, asimismo, responsabilidad de la policía, mantener y restablecer el orden interno, teniendo en consideración, que al interior de nuestra resquebrajada sociedad en forma permanente y continua, se suscitan hechos y situaciones delictivas, provenientes de otras personas irresponsables, por cuanto éstas, ponen en práctica determinadas conductas y comportamientos, que contradicen a la moral y a las buenas acciones valorativas. En esta importante actividad, las autoridades policiales, tienen el deber de continuar coordinando –porque las que vinieron haciendo hasta hoy, obtuvieron deficientes resultados-, con las diversas instituciones, llámese Municipalidad de Lima, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y otras empresas e instituciones afines, con el objetivo de trabajar en forma unificada, en aras de mantener restablecido, de manera continua y permanente la anhelada seguridad pública, a través del orden interno. La policía tiene el deber de garantizar el cumplimiento de las leyes, y dar la seguridad al patrimonio público y privado. Esta situación implica, necesariamente, la colaboración y la participación de instituciones sólidas, cuyas raíces están en la toma de decisiones de las organizaciones vecinales, barriales, comunitarias, gremiales, etc., que real y objetivamente tienen la buena intención; esta es, el poder contribuir con el apoyo solidario, mancomunado, que se requieren, para alcanzar la garantía y la seguridad ciudadana, que hasta hoy, aún continua sin dar solución a tan delicada situación. Y la responsabilidad es mutua, por una parte de los miembros de la policía, y por la otra, la falta de apoyo de cada una de las personas, que residen en nuestra Lima. La mayor responsabilidad, que hasta hoy no está cumpliendo los miembros de la policía, se encuentra en la no realización de la prevención, y por esa razón es difícil, pero no imposible de poder combatir la delincuencia, que viene azotando Lima. En cambio, “En los distritos en los que este apoyo ha sido fructífero, se ha traducido en la integración de los sistemas de comunicación radial de la PNP y el serenazgo, lo que, a su vez, es el paso previo para integrar bajo un mando único los recursos de que disponen ambos; esto permite maximizar los escasos recursos existentes y desplegarlos de la manera más eficiente posible”1 . Esta situación nos conduce trabajar en conjunto, en aras de restablecer la seguridad ciudadana. La Norma Constitucional y la ley de la Policía Nacional, invocadas en este trabajo, son de estricto cumplimiento, es por ello, que el Derecho se ajusta a un orden, que está debidamente establecido, a priori, en este caso –como muchos otros-, es de orden político. Recordemos, en todo problema jurídico –como el nuestro-, hay una cuestión política y resulta posiblemente insostenible, la pretensión de tener un derecho puro, que se ponga en práctica sobre la base de una supuesta neutralidad política. Por ello, para dar luz verde a la seguridad ciudadana en Lima –y por extensión en otros espacios físicos o lugares de nuestro país-, el orden constitucional debe ser asumida con un enfoque multidisciplinario, no debe ser, como es hasta hoy, exclusivamente de abogados, sino de todas las personas profesionales, técnicos y auxiliares. Sólo de esa manera se estaría consolidando el pluralismo activo, en cuanto a la contribución de las políticas públicas, referentes a la serenazgo, a la que todos nosotros tenemos la responsabilidad de poder contribuir, en restablecerla. El cumplimiento de las normas y las leyes, están en estricta interrelación a la formación integral de cada una de las personas, policías y civiles, cuyos principios obtenidos en cada una de las etapas de sus vidas, tienden a reflejar el valor axiológico y personalidad, en su accionar, desempeño y desenvolvimiento cotidiano que vienen realizando, en su centro de trabajo, domicilio, y en todo espacio físico en el que se encuentren. Este valor está integrado a la adquisición de conciencia, que se requiere para trabajar en forma unificada y poder restablecer la seguridad ciudadana, que constituye un anhelo difícil, pero no imposible, de la población limeña.